El pasado jueves se llevó a cabo la presentación de informes técnicos e investigaciones académicas en el evento “Pensar la Región, aportes del Centro de Estudios Regionales a la gobernanza territorial”, organizado por este centro de pensamiento en la Universidad del Tolima.
El primer informe que se presentó en la mañana del jueves fue el Índice de gobernabilidad local para el departamento del Tolima, a cargo de los estudiantes de Ciencia Política y Economía, Sara Guzmán y Johan Ruiz, quienes lograron evidenciar que la mayoría de los municipios del departamento se encuentran en un nivel bajo en desempeño municipal y fiscal, y muy bajo en relación con desempeño de la justicia local.
Para el suroriente del Tolima, los índices son bajos en comparación con algunos municipios de la región centro y norte del Tolima que tienen mejores registros, pero que sin embargo constituyen un índice medio de gobernabilidad local. También destacaron que tan solo tres municipios (Melgar, Ibagué y Carmen de Apicalá) cuentan con un índice medio alto.
Para el componente de la justicia local, ningún municipio superó el 30% en desempeño, por lo que se evidencia, según la investigadora del CERE, que “el Tolima no cuenta con una oferta digna de justicia para los ciudadanos, que cumpla con sus necesidades”, lo cual se ve reflejado en que en el año pasado, de 34.028 procesos, solo 477 se resolvieron en última instancia, lo que equivale apenas a un 1,40% de efectividad.
Para los investigadores de este informe, existe una correlación entre baja gobernabilidad en materia de desempeño municipal, fiscalidad y abstención electoral, que vale la pena revisar con más detenimiento.
La política de distribución de baldíos en el Tolima
Para el segundo informe, se presentaron los hallazgos de la investigación “Medidos con distinta vara: adjudicación de baldíos en el Tolima 1903 – 2012”, el cual cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Regionales del Sur (CERSUR).
La figura de los baldíos refiere a la tierra pública, es decir, “la tierra que es propiedad del Estado que no está siendo habitada con sentidos de apropiación por ningún otro sujeto” afirmó el investigador. Sin embargo, el informe presenta que esa tierra pública fue y sigue siendo susceptible de ser apropiada a partir del proceso de colonización y una adjudicación de tierras, que en su mayoría fue desigual en proporción de áreas y beneficiarios.
En el departamento del Tolima, durante los tres macroperiodos analizados por el investigador, se asignaron grandes extensiones de tierra pública a pocas personas, lo cual evidencia un tratamiento desigual entre grandes y pequeños propietarios.
De acuerdo con los hallazgos del informe, “en total, de esos 105 años de análisis los adjudicatarios de grandes propiedades, fueron apenas el 1,23% del total, y recibieron el 41,07% de la tierra asignada”, lo cual demuestra que en el Tolima la asignación de tierras privilegió a unos grupos sociales sobre otros.
Por otra parte, esto también repercutió en que miles de hectáreas terminaran siendo improductivas, y en cambio, miles de campesinos colonos no tuvieran el acceso igualitario a las tierras.
Como dato importante: para el municipio de Ibagué, en una sola resolución se le adjudicaron 65.048 hectáreas a una persona natural, mientras que a cientos de beneficiarios se les adjudicaron menos de 3 hectáreas por persona.
Falsos positivos en el Tolima
En una tercera parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, presentó junto al CERE uno de los informes más esperados en el evento, “Más que estadísticas: Las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Tolima 2001 – 2015”, una investigación que también hace parte de la “campaña por la verdad” del CAJAR y otras organizaciones sociales.
El informe presentado relató cómo la Quinta División del Ejército Nacional, obedeciendo “directrices ministeriales” ejecutó en el Tolima a 86 personas en 53 casos, que en su mayoría correspondían a campesinos y lideres sociales del departamento.
Los crímenes cometidos por efectivos del Ejército adscritos a la Sexta Brigadas y sus unidades menores en el Tolima, ejecutaron un patrón de criminalidad sistematizado, que se resume en los siguientes patrones:
Primero, la fase de planeación contaba con el respaldo de la doctrina de seguridad nacional que está contemplada en los manuales de las fuerzas militares. Por lo tanto, la selección de las víctimas contaba con una red de informantes que perfilaban a las personas por su situación de vulnerabilidad económica o que hiciera parte de un movimiento político o social.
Luego de los señalamientos y perfilamientos, y con el fin de mostrar efectividad en sus acciones militares, ejecutaban a las víctimas en lugares apartados de la región.
Como tercera fase en el patrón de macro criminalidad, la investigadora resaltó que la alteración de la escena del crimen era de vital importancia para las compañías militares, ya que suponía “implantar armas y material de guerra en los cuerpos de las víctimas”, pero que a su vez, fue un factor que delataría la sistematización de los casos, ya que en su mayoría, “los cuerpos no tenían la capacidad de sostener un combate con el tipo de armas”, afirmó Lemus.
En un cuarto y quinto momento, el ocultamiento de las víctimas se presentaba en alterar y destruir las pruebas de los supuestos combates, además de “construir una narrativa de legalidad sobre las ejecuciones”, relató la investigadora, quien a su vez detalló que esas practicas servían para impedir las investigaciones de la justicia.
Finalmente, los resultados de la investigación de falsos positivos en el Tolima, reveló que las “conductas criminales que se investigaron recaen en los máximos cargos del Ejército Nacional y siguieron instrucciones expresas de la máxima jerarquía”. Así mismo, recomendó priorizar en la Justicia Especial para la Paz (JEP), el departamento del Tolima para esclarecer la verdad de los crímenes cometidos en la región.
¿Cómo va la paz en el Tolima?
Por último, el evento contó con la presentación del boletín de análisis regional «¿Cómo va la paz en el departamento del Tolima? Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz 2016 – 2020”, a cargo de los estudiantes de Ciencia Política, Michael Inchima y María Carvajal.
Este trabajo evidenció los atrasos en la implementación de la reforma rural integral, punto neurálgico del Acuerdo de Paz, que busca la democratización y distribución de la tierra, pero que al día avanza a paso lento.
El departamento cuenta con dos zonas de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), El Oso en Planadas y La Fila en Icononzo, los cuales cuentan con 150 proyectos, 85 de ellos terminados pero que suponen un rezago frente a otras regiones de Colombia que también cuentan con ETCR. También los investigadores llamaron la atención en la reincorporación y reintegración de los excombatientes, ya que, según los mismos, los enfoques educativos, de seguridad y desarrollo autónomo, no se están llevando a cabalidad, lo que deja entredicho los proyectos y su finalidad.
Por otro lado, los investigadores dieron cuenta que no hay ningún proyecto de erradicación de drogas en el Tolima, pese a que el CERE en uno de sus informes demostró que “en el Tolima hay cultivos ilícitos y es un corredor para las drogas que genera nuevos tipos de violencia”.
También recomendaron a los tomadores de decisión “cambiar la política de seguridad, la cual consiste en perseguir cabecillas de los grupos armados”, por una que tenga más acciones de choque y haga cumplir la reforma rural integral, fortalecer los mecanismos de participación política y la protección de líderes sociales.
Finalmente, El evento Pensar la Región consolida al Centro de Estudios Regionales, como un centro de pensamiento, que comparte y expone a los tomadores de decisiones y público en general, recomendaciones basadas en investigaciones e informes para construir políticas públicas que favorezcan a toda la región.
